El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha lanzado una seria advertencia sobre la Ley Mape, específicamente sobre un predictamen del Congreso que busca modificar la ley que regula la pequeña minería. El Minem alega que este predictamen presenta “lesiones constitucionales”, generando incertidumbre y preocupación en el sector minero peruano.
La controversia surge del intento de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de modificar la ley ante presiones de mineros informales que realizaron protestas en la capital. Estas modificaciones, según el Minem, presentan cinco puntos cruciales que requieren una revisión exhaustiva para evitar perjudicar la formalización minera y la estabilidad jurídica del sector.
Puntos Críticos de la Ley Mape
El Minem ha detallado sus preocupaciones en torno a cinco aspectos clave del predictamen:
- Fiscalización: El predictamen propone limitar el rol de los gobiernos regionales en la fiscalización ambiental, contradiciendo la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Prórrogas: Se alerta sobre la necesidad de evitar vacíos legales que puedan ser aprovechados por operadores ilegales, especialmente con el fin del Reinfo a finales de 2025.
- Servidumbre minera: El procedimiento propuesto para el otorgamiento de servidumbre minera podría vulnerar los derechos de propiedad de los titulares de concesiones, generando posibles demandas e indemnizaciones al Estado.
- Minería aluvial: El predictamen contradice el Decreto Legislativo N° 1100 que prohíbe el uso de dragas en cuerpos de agua, una norma respaldada por el Tribunal Constitucional.
- Exención de responsabilidad penal: Se cuestiona la exoneración de responsabilidades penales para mineros en proceso de formalización por delitos ambientales, argumentando su inconstitucionalidad.
El ministro de Energía y Minas, enfatizó la importancia de una minería convergente e integrada, instando a la Comisión de Energía y Minas a continuar el debate para encontrar puntos de consenso que beneficien a la pequeña minería y promuevan su formalización.
La situación ha generado un debate intenso, pues las modificaciones a la Ley Mape podrían tener consecuencias significativas para la economía peruana, la protección ambiental y el futuro de la minería a pequeña escala. El Minem ha dejado claro que no se debe sacrificar la legalidad y el marco constitucional en aras de soluciones de corto plazo. El desarrollo de la minería en Perú necesita una legislación clara, consistente y respetuosa del estado de derecho. Se espera que el Congreso considere cuidadosamente las observaciones presentadas por el Minem antes de aprobar cualquier modificación a la Ley Mape.
Las consecuencias de aprobar el predictamen sin las correcciones necesarias podrían ser graves, generando incertidumbre para los inversionistas, un aumento en la minería ilegal y un debilitamiento del estado de derecho en el sector. La resolución de este conflicto requerirá un diálogo constructivo entre el gobierno, el Congreso y los representantes de la pequeña minería para alcanzar un equilibrio entre la formalización y la protección de los derechos constitucionales.
La discusión sobre la Ley Mape destaca la complejidad de regular la minería en Perú, balanceando la necesidad de formalizar la actividad minera con la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las normas constitucionales. El resultado de este debate tendrá un impacto significativo en el futuro de la industria minera peruana.