El primer ministro peruano, Eduardo Arana, ha desestimado el informe final de la comisión de Fiscalización del Congreso que recomienda la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por el caso “Cirugías”. El informe se centra en la presunta incapacidad moral permanente de la presidenta por no haber informado al Parlamento sobre las cirugías estéticas que se realizó en 2023. Arana argumenta que muchas de las recomendaciones del informe carecen de validez práctica, ya que la Fiscalía ya presentó una denuncia sobre el mismo caso. El premier destaca que la comisión de Fiscalización no tiene las facultades para llevar a cabo esta investigación, por lo que sus conclusiones no son vinculantes en el ámbito judicial.
Acusaciones de parcialidad contra el presidente de la comisión
Arana criticó duramente al presidente de la comisión de Fiscalización, Juan Burgos, señalando su abierta oposición a la presidenta Boluarte y alegando que Burgos anticipó su opinión en varios de los casos que investiga. El premier cuestionó el origen de la investigación, argumentando que se desvió de la denuncia inicial contra el ex primer ministro Alberto Otárola, generando una investigación contra la jefa de Estado en la Fiscalía.
Arana planteó serias dudas sobre la imparcialidad del proceso de investigación. Se pregunta por la validez de un informe que se desvía del enfoque inicial de la fiscalización, iniciada por una declaración del ex primer ministro. Esta desviación, según el premier, cuestiona la objetividad del proceso y el valor de sus conclusiones.
Detalles del informe y la respuesta del gobierno
El informe de la comisión de Fiscalización, según información a la que tuvo acceso Gestión, indica que Boluarte estuvo en un periodo de “incapacidad médica temporal” entre el 28 de junio y el 4 de julio de 2023, debido a la cirugía. El documento argumenta que la falta de notificación al Congreso sobre esta incapacidad constituye una omisión constitucional, dado que la Carta Magna establece procedimientos específicos para la sucesión temporal del mando presidencial. La cirugía, según el informe, duró 2 horas con 25 minutos y la recuperación implicó hospitalización y atención médica personalizada.
El gobierno peruano, a través del premier Arana, mantiene su postura de que el informe carece de fundamentos legales y que no afectará la estabilidad del gobierno. La controversia continúa, generando un clima político tenso en el país y alimentando el debate sobre el debido proceso y la transparencia en la gestión pública.
El debate público se centra ahora en la legitimidad del informe y la posibilidad de una nueva ola de intentos de destitución de la presidenta Boluarte. El rechazo del primer ministro al informe ha intensificado el conflicto político, dejando en evidencia las profundas divisiones ideológicas en el país.
Se espera que la controversia continúe en las próximas semanas, con posibles acciones legales y reacciones políticas que podrían definir el futuro de la presidencia de Dina Boluarte. La situación exige una evaluación cuidadosa de los hechos, la legislación vigente y los precedentes históricos para asegurar la estabilidad política e institucional del Perú.
Fuente: Gestión.pe