El Gobierno Peruano se encuentra evaluando una propuesta que ha generado gran controversia: el traslado de reos de alta peligrosidad a las cárceles de El Salvador para que cumplan allí sus condenas. Esta iniciativa, planteada por distintos sectores, incluyendo la congresista Katy Ugarte, busca mitigar la sobrepoblación carcelaria y la creciente inseguridad en Perú. El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, confirmó que el Poder Ejecutivo está examinando la viabilidad de esta medida, aunque recalcó la necesidad de un acuerdo con el gobierno salvadoreño.
La propuesta no se limita a una simple aprobación legislativa; requiere de un convenio bilateral con El Salvador. Arana enfatizó que el Ministerio de Relaciones Exteriores participa activamente en la evaluación, asegurando que la decisión final se tomará tras un análisis exhaustivo de su pertinencia. Mientras tanto, la opinión pública se encuentra dividida, debatiendo las implicaciones legales, éticas y prácticas de enviar a presos peruanos a un sistema carcelario extranjero, conocido por su estricta política de mano dura contra el crimen organizado.
El Proyecto de Ley y sus Implicaciones
El proyecto de ley presentado por la congresista Ugarte propone el traslado de reos condenados por delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio. La iniciativa busca la suscripción de un convenio entre ambos países para formalizar el proceso de traslado. Ugarte argumenta que la medida responde a un clamor ciudadano por soluciones efectivas a la inseguridad ciudadana y permitiría un deshacinamiento de las cárceles peruanas, notoriamente sobrepobladas y con deficiencias en infraestructura y seguridad.
La congresista Norma Yarrow apoya la propuesta, destacando la posibilidad de deshacinamiento como un beneficio adicional. Incluso se plantea la posibilidad de que el traslado sea temporal (un año), con la idea de que El Salvador brinde asesoramiento para mejorar la seguridad en las cárceles peruanas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Isaac Mita, advirtió que actualmente no existe un convenio que permita este tipo de traslado, lo que pone en duda la viabilidad inmediata del proyecto.
Voces a Favor y en Contra
La propuesta ha generado un amplio debate público. Mientras algunos la ven como una medida necesaria para combatir la delincuencia y mejorar las condiciones carcelarias en Perú, otros expresan preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos de los reclusos y la falta de transparencia en el proceso. La posibilidad de enviar a los presos a un país con un régimen carcelario ampliamente criticado por organismos internacionales genera dudas sobre la seguridad y el trato que recibirían los reos trasladados.
Además de la congresista Ugarte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también ha manifestado su apoyo a la iniciativa. Sin embargo, es crucial abordar las preocupaciones éticas y legales antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias de largo alcance para el sistema judicial y las relaciones internacionales del Perú.
El debate sobre el futuro de este proyecto continúa, con el gobierno aún evaluando la compleja situación y sus potenciales implicaciones. La decisión final tendrá un impacto significativo en la política criminal y en las relaciones entre Perú y El Salvador.
Fuente: Gestión