Un proyecto de ley en el Congreso peruano está generando una intensa controversia. La propuesta busca limitar significativamente la participación del sector privado en la administración de los puertos del país, llevando a muchos a creer que se busca una estatización del sistema portuario. Esta iniciativa, que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943), establece que el sector privado no podría administrar por completo ninguna infraestructura portuaria. En cambio, el Estado retendría el control mayoritario.
La medida ha provocado fuertes reacciones de parte de gremios empresariales. Organizaciones como ComexPerú y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) han expresado su rechazo frontal al proyecto, argumentando que la estatización de los puertos sería perjudicial para el desarrollo económico del país. Señalan que esta medida podría ahuyentar las inversiones privadas, entorpecer la operatividad portuaria y socavar los avances logrados en las últimas dos décadas en modernización e infraestructura.
¿Cuáles son las implicaciones del proyecto de ley?
El proyecto de ley propone que la participación privada en la administración de los puertos se limite a un máximo del 40%, por un periodo de diez años prorrogable una sola vez. Se permitirían diferentes modalidades de asociación público-privada, como concesiones, arrendamientos, gerencias o contratos societarios. Sin embargo, la limitación en la participación privada representa un cambio sustancial en el modelo actual.
Además de la limitación a la inversión privada, el proyecto de ley crea una Unidad de Fiscalización y Control de Salidas en los terminales portuarios. Esta unidad sería responsable del pesaje e identificación de materias primas y metales, en coordinación con la SUNAT. Se establecerían laboratorios químicos dentro de los puertos, y se prohibiría la salida de cargamentos sin la conformidad del fiscalizador portuario, restringiéndose el despacho durante la noche.
Sanciones y posibles consecuencias
El proyecto incluye modificaciones al Código Penal, estableciendo penas de prisión de seis a doce años para aquellos que permitan la salida de cargamentos sin la autorización correspondiente o fuera del horario establecido. Esta medida busca reforzar el control estatal sobre las operaciones portuarias.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha advertido que el proyecto representa una amenaza para la inversión privada en el sector portuario. A juicio de AFIN, la inversión privada ha sido fundamental para duplicar la capacidad de carga de contenedores desde 2011, generando miles de empleos y contribuyendo significativamente al desarrollo económico del país. La modificación arbitraria de las reglas del juego, según AFIN, podría generar controversias legales y afectar la credibilidad del país en el ámbito internacional.
El debate en el Congreso continúa, y el futuro de este proyecto de ley permanece incierto. Las consecuencias de su aprobación o rechazo tendrán un impacto significativo en el sistema portuario peruano y en la economía del país en general. La tensión entre la necesidad de un control estatal eficiente y la promoción de la inversión privada se encuentra en el centro de este debate crucial.
Fuente: Gestión