Un nuevo y violento ataque contra la Compañía Minera Poderosa sacude la región La Libertad. Mineros ilegales, en complicidad con grupos criminales, dinamitaron la torre de alta tensión N° 24, dejando a la planta Santa María y otras áreas sin energía. Este es el decimoquinto atentado de este tipo en los últimos cuatro años, según la minera, que también reporta 18 trabajadores fallecidos en incidentes similares.
17 Desaparecidos tras Enfrentamiento
La situación se agravó con el secuestro de al menos 17 trabajadores de una mina ilegal cercana. Aprovechando la confusión causada por la explosión y el corte de energía, un grupo de mineros ilegales tomó el control de la operación, provocando un derrumbe que ha atrapado a las víctimas. La empresa afirma que esta zona ha sido invadida por mineros ilegales durante años, forzando su retiro para proteger a su personal.
Escalada de Violencia y Minerìa Ilegal
Minera Poderosa denuncia la falta de intervención policial a pesar de las reiteradas denuncias sobre la presencia de mineros ilegales. La empresa señala que la violencia en Pataz está directamente relacionada con el auge de la minería ilegal, exacerbada por la extensión del REINFO (Régimen de Formalización e Intervención de la Minería Informal). Señala que la minería ilegal ha superado al narcotráfico como la actividad ilícita que más recursos genera en la región, con fuertes vínculos con extorsión, sicariato, trata de personas y tráfico de armas.
Llamado al Gobierno
La compañía reitera su pedido al Gobierno para la creación de un frente policial en Pataz, un compromiso asumido hace casi un año, para erradicar la minería ilegal y frenar la espiral de violencia. El atentado y los secuestros son una muestra más de la gravedad de la situación, poniendo en riesgo vidas y las inversiones mineras en la zona.
El evento ocurrido en la madrugada del domingo 12 de enero destaca la necesidad de una acción contundente del gobierno peruano para controlar la minería ilegal y proteger a los trabajadores y las operaciones mineras legales. La falta de respuesta efectiva a las denuncias previas pone en evidencia la urgencia de una estrategia integral para combatir esta problemática.
El impacto de la minería ilegal se extiende más allá de la destrucción de infraestructura. Afecta la seguridad de los trabajadores, la inversión extranjera y el desarrollo económico de la región. La falta de un frente policial efectivo y la persistencia del REINFO contribuyen a la proliferación de este flagelo.
Las autoridades deben tomar medidas decisivas para detener esta ola de violencia, investigando a fondo los hechos, deteniendo a los responsables y protegiendo a la población. La falta de acción solo permitirá que la situación empeore, con consecuencias devastadoras para la región y el país.
Fuente: Gestión