El debate sobre la fiscalización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en Perú ha alcanzado un punto álgido. Un reciente dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso busca modificar la Ley 27692, la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el objetivo declarado de mejorar la transparencia en el uso de fondos internacionales destinados a proyectos de desarrollo social.
¿Mayor control o riesgo para la sociedad civil?
Actualmente, las ONG que reciben fondos de cooperación internacional deben registrar sus proyectos en la APCI, detallando el origen de los recursos, objetivos, actividades y plazos. Si bien este sistema ya establece estándares mínimos, la propuesta de ley busca ampliar las facultades de la APCI, lo que genera preocupación entre algunas organizaciones de la sociedad civil.
Los defensores del proyecto argumentan que se necesita un mayor control para evitar el mal uso de fondos y garantizar que estos se destinen a los fines para los que fueron otorgados. Señalan casos en los que recursos internacionales han sido utilizados para propósitos que, según ellos, atentan contra la seguridad nacional bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos. La propuesta busca fortalecer la transparencia y asegurar que la información sea de acceso público.
El temor a la excesiva regulación
Sin embargo, las ONG expresan su preocupación por el potencial riesgo de una fiscalización excesiva y sanciones desproporcionadas. El dictamen contempla multas de hasta 500 UIT, una cifra que podría resultar devastador para muchas organizaciones de pequeño o mediano tamaño. La falta de claridad en las pautas de intervención y los límites de las sanciones genera incertidumbre y temor a la posible represión.
El núcleo del debate se centra en encontrar un equilibrio entre la necesaria rendición de cuentas y la protección del espacio cívico. Si bien la transparencia es fundamental, es crucial establecer mecanismos de fiscalización justos, proporcionales y que no inhiban la labor de las organizaciones que contribuyen al desarrollo social.
El desafío de la transparencia
El énfasis debe estar en la transparencia del origen de los recursos y la publicación de información accesible al público. Se debe asegurar que los objetivos de las iniciativas sean claros y se cumplan, sin que la fiscalización se convierta en un obstáculo para el trabajo de las ONG.
La discusión sobre la fiscalización de las ONG es fundamental para el desarrollo del país. Se necesita un marco legal que garantice la transparencia sin ahogar la labor vital de estas organizaciones en la sociedad peruana. El reto está en establecer normas claras y justas que promuevan la rendición de cuentas sin afectar la libertad de acción de la sociedad civil.
Es necesario que cualquier cambio legal garantice la participación activa de las ONG en el proceso de diseño de las nuevas normas. La participación en la construcción de las reglas del juego es fundamental para lograr un balance adecuado entre la fiscalización y la libertad de acción de la sociedad civil.
En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que la cooperación internacional se utilice de manera efectiva y transparente para el beneficio del pueblo peruano, protegiendo al mismo tiempo el importante rol de las ONG en la promoción del desarrollo y los derechos humanos.
Fuente: Gestión