En los últimos cuatro años, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, llevó a cabo al menos 79 operativos dirigidos a la intercepción de cargamentos de oro ilegal en la Aduana Aérea y Postal. Estos operativos resultaron en la incautación de aproximadamente 1.2 toneladas de oro en forma de barras, con un valor estimado de 68.6 millones de dólares. Estos cargamentos, destinados al mercado internacional, fueron detectados al carecer de documentación que acreditara un origen lícito. Actualmente, el 94 % de este oro permanece retenido bajo orden judicial.
La minería ilegal en el Perú ha incrementado de manera alarmante, impulsando a organizaciones informales a buscar formas irregulares de exportar oro al extranjero. Bajo la apariencia de cargamentos de productos legales, las barras de oro eran preparadas para ser enviadas fuera del país. Estos actos han sido frenados gracias a los indicadores de riesgo detectados por la Sunat, que incluyen inspecciones, cruces de información y otros mecanismos que permiten identificar posibles delitos aduaneros. La información recopilada en estas intervenciones es remitida al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado en 2012 para regularizar la actividad minera informal, ha jugado un papel controvertido en este escenario. Aunque diseñado como una herramienta para garantizar que el oro provenga de fuentes legítimas, su repetida ampliación ha debilitado su eficacia. Actualmente, de los más de 84,000 mineros inscritos en el Reinfo, el 79 % (66,443) tienen registros suspendidos, lo que complica aún más la identificación de la procedencia legal del mineral. A pesar de estas deficiencias, el Congreso aprobó recientemente una extensión del Reinfo por seis meses más, generando debates y protestas en varias regiones del país.
Regiones como Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Cusco y Cajamarca lideran en número de mineros con registros vencidos, reflejando la magnitud del problema. Críticos señalan que el Reinfo, en lugar de cumplir su propósito de formalización, se ha convertido en una herramienta que facilita el blanqueo de oro ilegal, dada la falta de un sistema de fiscalización efectivo.
Este contexto evidencia no solo la persistencia de la minería ilegal, sino también las limitaciones del Estado para combatirla. La creciente exportación de oro ilegal no solo impacta la economía formal, sino que también representa un riesgo significativo para la sostenibilidad ambiental y el respeto a los derechos humanos en las zonas donde estas actividades se desarrollan. Se hace urgente fortalecer los mecanismos de control y establecer políticas más rigurosas para enfrentar esta problemática que afecta tanto a la sociedad peruana como a su imagen internacional.